La fachada del Convento de San Marcos de León, que se convirtió en cárcel y campo de concentración desde el principio de la Guerra Civil.

La Guerra Civil cumple un mes en León capital, tras la sublevación del día 20 de julio. Aunque de inmediato se fusiló al alcalde de Ponferrada, los leoneses no esperaban que la represión fuera tan dura y cruel como se comprobaría en estos días de la tercera semana de agosto de 1936. Las autoridades republicanas serían 'extirpadas de raíz' de toda la vida pública; la mayoría de ellas en el paredón.

El día 17 de agosto el Diario de León, ya como órgano de expresión de los militares titulaba: 'El general Mola habla a todos incluso al enemigo para que sepa a qué atenerse', subtitulando: 'Solo un monstruo podría amparar la sangrienta revolución comunista que se preparaba'. Transcribe la retransmisión en Radio Castilla a las diez de la noche del 16. Las palabras de Mola son directas y crueles: "Pero... ¡Ah! Todo esto se ha de pagar y se pagará muy caro. La vida de los reos será poco. Los aviso con tiempo y con nobleza. No quiero que se llamen a engaño". "Ni pensar en nada que no sea la victoria definitiva y aplastante. Después, si el pueblo lo pide, habrá piedad para los equivocados, para los engañados, pero para los otros, jamás. Antes que la justicia de la victoria está la nuestra, la de los patriotas, que ha de ser inmediata y rápida. De todo esto respondemos nosotros con nuestro honor y si es preciso con nuestras vidas".

Dicho y hecho. El 18 de agosto son fusilados sin contemplaciones tras un Consejo de Guerra Sumarísimo en la Diputación Provincial el 14 de agosto varias personas muy conocidas en la capital. Precisamente son los detenidos tras resistir durante cuatro horas el 20 de julio en el Gobierno Civil: el capitán Juan Rodríguez Lozano, abuelo del luego presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; Timoteo Bernardo Alonso, militar retirado fiel a la República y simpatizante de Unión Republicana; Rafael Álvarez García, inspector de Primera Enseñanza, casado con Francisca Vicente Mangas, quien también era inspectora de Primera Enseñanza; el estudiante Domingo Fernández Pereiro, al que llaman 'Chomín'; el delegado de Trabajo, Fernando Morán; y el delegado de Campsa, Alfredo Barthe Balbuena. El Diario de León titulará la noticia el día 19: "Pasados por las armas".

La fachada de la Diputación Provincial de León en una antigua postal.

La represión es directa y cruel siguiendo las órdenes del general Mola. Da igual quién interceda por los condenados. "El obispo de León, José Álvarez Miranda, y el decano del Colegio de Abogados, Arturo Fraile, enviaron una primera solicitud formal de petición de indulto para los condenados por las autoridades militares; su petición fue denegada por dichas autoridades militares", revela el investigador Javier González Fernández-Llamazares.

"La conmoción en la ciudad fue enorme", explica, "a lo que se suma el incremento de los paseos, sobre los que las nuevas autoridades no hacen nada por aplacarlos. El terror en la ciudad ya es definitivo. La gente se da cuenta de que nadie está a salvo. Son tales los desmanes cometidos ya a mediados de agosto por los falangistas en cuanto a los 'paseos', que su jefe provincial, el médico Fernando González Vélez, publica en el diario de León una orden por la que asegura que la propia Falange 'castigará las extralimitaciones' de sus propios miembros".

El presidente de la Diputación y el alcalde Castaño, detenidos

Entre todas estas noticias de juicios sumarísimos y fusilamientos sin contemplaciones, los leoneses leen, además, que se ha procedido a la detención del ex presidente de la Diputación Provincial, el jovencísimo Ramiro Armesto, y al ex alcalde de León, Miguel Castaño. Mal asunto. Los leoneses piensan ya compungidos por sus familias viendo lo que ha ocurrido con los detenidos en el Gobierno Civil el día 20 de julio.

La primera noticia se puede consultar en la página 8 del Diario de León de ese 18 de agosto: "Han sido detenidos e ingresado en el edificio de San Marcos a disposición de la autoridad militar, el ex presidente de la Diputación, señor Armesto [que fue recluido el domingo 16]; el inspector de Primera Enseñanza, señor Ferrer [Salvador Ferrer Culubret], y don Policarpo Muñoz, conserje de la Casa del Pueblo, así como el directivo de dicha entidad, Vicente Tomé, y el portugués Antonio Tabas".

Miguel Castaño, Félix Gordón Ordás y Ramiro Armesto; el primero y el último, presidente de la Diputación, fueron fusilados en noviembre del 36. Foto: Pepe Gracia.

El coronel de la Comandancia Militar Vicente Lafuente ordena que el sumario y las diligencias instruidas hasta ahora por el teniente juez instructor Marcos Rodríguez, que afectan entre otros a Castaño, Armesto o Antonio Fernández Martínez "y otros significados dirigentes de las extremas izquierdas de esta capital", pasen al juez militar comandante de Caballería Julián Gómez Seco. Además, según lo investigado por Carlos Javier Domínguez para su libro 'Asesinaron la Democracia', Lafuente insta en otro oficio a convertir en procedimiento sumarísimo el procedimiento ordinario seguido hasta ahora, como recogía el artículo 651 del Código de Justicia Militar.

El Diario de León del día 19 remacha la sorpresa en los ciudadanos con la detención de Miguel Castaño y personas tan conocidas como un Pallarés: "Ha sido detenido el ex alcalde señor Castaño en esta misma ciudad. También ha sido detenido Vicente [García] Herrero, que facilitaba vales de gasolina a los revoltosos. Igualmente fueron detenidos el tipógrafo Crémer y don Eduardo Pallarés". ¿Pudo Cremer llegar a conocer al capitán Lozano tal y como dijo en vida si éste fue fusilado a las seis de la mañana del mismo día en que le detuvieron a él?

El mismo 19 de agosto el jefe provincial de Falange, el médico Fernando González Vélez afirmó en una alocución por la radio recogida el día 20 en el Diario de León: "La violencia es para Falange una dolorosa necesidad, una excepción, no un método o un sistema"; "y jamás debe tener un carácter de venganza personal, sino de defensa nacional", añadía. "Nuestro movimiento falangista surge como una reacción ante la agonía de un caduco Estado llamado liberal, y contra los avances de la democracia social y la agitación bolchevizante".

Las familias de los presos, y la mayoría de la población leonesa, comienzan a darse cuenta de que va a ser muy difícil ver salir con vida a alguien que entre en la cárcel aprisionado por los militares. Aunque en esos momentos algunos prefieren estar en ésta que expuestos a los 'paseos' de los milicianos de Falange. Al menos dentro de ella cabe una mínima esperanza.

Los fusilados el día 18, personas conocidas y honestas

Esta forma de ajusticiar sin piedad a gentes muy conocidas y honestas, que no suponían peligro contra nadie, espanta a muchos en la ciudad. Un ejemplo claro es que entre ellos estaba Rafael Álvarez García, que era uno de los más importantes pedagogos de León y llegó a ser Inspector Jefe de la provincia. Nacido en Villablino en 1898 e hijo de guardia civil, fue fusilado a los 38 años. En León finalizó con muy buenas calificaciones la carrera de Magisterio en la Escuela Normal de Maestros. Con sólo veintiún años fue número uno de las oposiciones de la Universidad de Oviedo para Maestro Superior, lo que se veía venir, ya que en 1919 había sido nombrado como Auxiliar de Pedagogía e Historia, y Rudimentos de Derecho y Legislación Escolar, en la Escuela Normal de Maestros de León. Su primer destino como maestro fue en Toral de los Guzmanes.

Irónicamente Álvarez fue soldado de la misma unidad militar que le fusiló. En julio de 1921 estuvo destinado a Melilla, como soldado del Regimiento de Infantería Burgos Número 36; decían de él que destacó en varios combates, pero que regresó a finales de ese año a punto de morir por el tifus. Fundó y dirigió el Boletín de Educación en los años 30 y se esforzó en llevar adelante las Colonias Escolares de Vacaciones. Le describían como "un trabajador infatigable e incansable". Era un pedagogo muy cercano a la Institución Libre de Enseñanza. Fiel defensor del laicismo, el librepensamiento y la educación integral y fue militante de la Conjunción Republicano-Socialista y de la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza.

Este fusilado junto al capitán Lozano fue detenido en un primer momento en su casa en León, devuelto a su domicilio y apresado de nuevo tan sólo tres días más tarde. Estuvo preso en San Marcos. En el juicio del Palacio de los Guzmanes quiso defenderse a si mismo ya que estaba estudiando Derecho en Oviedo en esos momentos. No sirvió de nada. Ni siquiera que su cuñado, Deogracias Vicente Mangas, condecorado por el Ejército con la Cruz del Mérito Militar se ofreciera para ser fusilado en lugar de él.

El coronel Vicente Lafuente, que decidió el fatal destino de muchos leoneses al principio de la Guerra Civil.

La demostración de quien el que fuera elegido por los militares para pasar al paredón era tan imposible de solventar es la terrible historia de su cuñado: Deogracias Vicente Mangas, médico y veterinario, que había sido condecorado por el Ejército con la Cruz del Mérito Militar, en agradecimiento a los servicios que había prestado durante la revolución minera de 1934. Fue a ofrecerse ante la Junta de Burgos con la insignia para que le fusilaran a él, que tenía 33 años, y evitar así su muerte. Pero sus intentos fueron absolutamente en vano.

Respecto al militar condecorado Timoteo Bernardo Alonso, el alcalde provisional de León Enrique González Luaces le recordaría en sus memorias porque era vecino de su propio inmueble en el número 8 de Ordoño II (la conocida como 'Casa Lubén'): "Días pasados se cumplió una sentencia fatal de un Consejo de Guerra. Todas personas conocidas; uno de ellos militar retirado y vecino de la casa. Esto mantuvo una excitación callada y constante los días de espera desde que se conoció la sentencia del Consejo de Guerra".

Fernando Morán, el delegado de Trabajo, era comerciante, y se le fusiló con la excusa de ser amigo íntimo de Félix Gordón Ordás, diputado de Unión Republicana que había sido nombrado embajador de la Segunda República en México (años más tarde presidente de la misma en el exilio). A lo largo del tiempo, las autoridades 'nacionales' fueron contra toda su familia y allegados precisamente por esa relación con Ordás. Una persecución absurda, continuada e implacable.

Quizás el único que la población leonesa afecta al nuevo régimen podía no considerar 'honesto' hubiera podido ser el estudiante Domingo Fernández Pereiro, 'Chomín'. Pero la acusación es claramente una excusa para librarse lo más rápidamente de él por 'rojo': "Se le acusa de 'detener' a derechistas y darles palizas junto a los Monge". Una imputación que hoy no conllevaría más que un juicio por faltas y alguna indemnización, pero que en aquel momento era más que suficiente para ser ajusticiado ante un pelotón militar.

Por su parte Alfredo Barthe Balbuena era delegado de Campsa y un popular y reconocido abogado. Posiblemente fue fusilado por estar en el Gobierno Civil y 'resistir' las órdenes de rendición de los militares durante las cuatro horas que duró el pequeño asedio el día 20 de julio. Sencillamente por estar allí y por ser afín al Frente Popular, que le había colocado en el cargo.

El abogado Alfredo Barthe Balbuena. Foto: Pepe Gracia (cedida por el Archivo de la Banca Fernández Llamazares).

Un testimonio, recopilado por Carlos Javier Domínguez, cuenta cómo fue la detención de los que estaban en el Gobierno Civil el día 20 de julio. Es de Antonio García Pérez, confitero de 26 años, de Valencia de Don Juan y miembro de Juventudes Socialistas de Valencia, al que pilló 'de rebote' el alzamiento en este edificio. Hay que tener en cuenta que es un interrogatorio de los militares sublevados a un socialista: "El lunes 20 llegan a Valencia en coche 2 delegado del gobernador, uno de ellos 'Chomin'. Hablan con el alcalde, Clementino Díez, y con el capital de la Guardia Civil, que se negó a requisar armas. Él viajó de vuelta a León con los delegados y llegando a León ve que se corta la carretera con árboles. Sobre las 11 de la mañana van a la Casa del Pueblo y ve a Sánchez Cadenas, Fernando Blanco Sandoval, Antonio Fernández y Vicente Moro con pistolas. Luego llega al Gobierno Civil cuando están descargando armas. Abajo oyó a un teniente de asalto y un capitán que había que volar el puente de Palanquinos por si venían fuerzas de Valladolid. Marchó a comer y hacer recados y sobre la 1 y media vio salir del Gobierno Civil al presidente de la Diputación, Armesto. Cuando a las 2 se dirigía a coger el tren de regreso, en la Plaza de la Libertad oyó un toque de clarín y disparos y corriendo se metió en el Gobierno Civil, en el primer descansillo de la escalera. Hablaban por teléfono y el capitán Lozano preguntó a Barthe qué pasaba y le respondió que ante el avance del ejército, que se rindieran, a lo que Lozano contestó que eso eran cuentos. Dice que todos los cobijados pedían a las autoridades a gritos que se rindieran, sobre todo al capitán Lozano, teniendo en cuenta que los guardias de asalto no disparaban. Él sí oyó disparos de pistola desde dentro del Gobierno Civil. Decidieron rendirse cuando ya lanzaban dentro granadas y allí ya fue detenido, declarando ante el teniente Carnicero y puesto en libertad hasta el 20 de agosto, justo un mes después".

Este confitero, detenido en la 'segunda vuelta' de la represión inicial, murió fusilado el 4 de octubre de 1936. En aquella declaración había relatado cómo en el congreso provincial ordinario del PSOE en abril o mayo bajo presidencia de Alfredo Nistal se había de la revolución de octubre del 34 y cómo los comunistas querían repetir con más éxito en el 36, para lo que pedían información de puentes, dinamita y organizaciones fascistas. Una declaración suficiente para ser pasado por el paredón sin perdón en aquellos momentos por los 'nacionales'.

La controversia acompaña al capitán Lozano

La figura del capitán Juan Rodríguez Lozano es la más conocida de esta 'cuerda de presos' que fue fusilada, según diversas fuentes, en la tapia del campo de tiro de Puente Castro, en la madrugada del 18 de agosto de 1936. Al ser el abuelo del que fuera presidente del Gobierno, su historia ha oscurecido la de los demás. La carta del capitán Lozano se hizo famosa durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y termina diciendo "muero inocente y perdono".

Lozano, militar condecorado y muy valorado por sus superiores, había participado muy activamente contra los obreros y mineros en la represión de la Revolución del 34. Sin embargo una carta al periódico 'El Socialista' le habían hecho perder durante un tiempo el sueldo y con suspensión de servicio, ya que eso rompía la norma de no politización del Ejército. Tras la llegada al Gobierno del Frente Popular, fue repuesto en el cargo y siguió como ayudante del coronel del Regimiento del Cid, el luego general Lafuente.

La controversia surge al preguntarse qué hacía el capitán Lozano en el Gobierno Civil el 20 de julio, lo que le valió la condena, ya que en esencia el coronel Lafuente le había nombrado enlace con el Gobierno Militar, no con el Civil. Es más, fue el propio Lafuente (luego conocido como el general Lafuente) el que avisó a Lozano para que se trasladara a León el 18 de julio para ponerse a sus órdenes, ya que éste estaba en San Pedro de Luna de vacaciones en aquella fecha. Otras dudas aperecen cuando algunos testigos cuentan que durante el asalto al Gobierno Civil, allí donde no tenía que estar, llegó a disparar su arma corta contra las ametralladoras de la Casa Costillas, lo que provocó un duro ametrallamiento al edificio administrativo situado en el edificio 'Blas Alonso' donde luego se situó la fábrica de hierros Zarauza, entre las calles Padre Isla y 14 de abril (luego General Sanjurjo y hoy Gran Vía de San Marcos). Las reiteradas declaraciones de la época sobre este asunto de los que estaban dentro del Gobierno Civil, sin que lo pudieran hablar entre ellos, parecen confirmar que eso fue lo que ocurrió.

El capitán Juan Rodríguez Lozano, abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero; fusilado el 18 de agosto de 1936.

Pese a todo, según cuenta la Wikipedia, Rodríguez Lozano estaba convencido de que su prisión era temporal y de que sería liberado. Según su hijo Juan, remitió una carta a su esposa en la que confiaba en la intervención de su jefe, el coronel Lafuente Baleztena: "Le decía que no se preocupara, que el coronel Lafuente, del que era ayudante, le había asegurado que su detención era cosa de unos días, y que el motivo de la misma era protegerle para que no fuera víctima de los falangistas por su conocida afinidad republicana".

La cosa no fue así. Lozano pudo recibir la visita de su esposa antes de morir y le dejaron otorgar testamento. Lo escribió de puño y letra la víspera de su ejecución, el 17 de agosto, y se la entregó, en las primeras horas del día 18 al notario Arturo García del Río, desplazado a San Marcos con dicho propósito. Ese día, a las seis de la mañana, se cumplió la sentencia.

Probablemente si Rodríguez Lozano hubiera actuado como otros oficiales en su Cuartel del Cid, que no secundaron en un primer momento el 'alzamiento' —pero que luego, sin más remedio, se pusieron a las órdenes del Gobierno de Burgos, recibiendo como sanción perder toda posibilidad de subir en el escalafón o ser enviados a los frentes más duros— o hubiera estado en el Gobierno Militar y no hubiera sido detenido públicamente, hasta el coronel Lafuente podría haber hecho algo por él. Pero era demasiado notorio que Lozano se había puesto en contra del golpe y en esos momentos no cabía conmiseración alguna. Era la guerra. Ya no había vuelta atrás.

«Muero y perdono. Mi credo fue siempre un ansia infinita de paz, el amor al bien y mejoramiento social de los humildes», terminaba el testamento del Capitán Lozano. Una figura que nunca hubiera sido famosa de no haber llegado su nieto a presidente del Gobierno de España, o de haber seguido las órdenes de sus superiores y no haberse arrogado el mando militar en el Gobierno Civil o lo que creyera que estaba haciendo allí defendiendo la Segunda República a las órdenes de Azaña.